SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Que la política sea financiada, no sólo por empresarios y grupos socialmente calificados, sino por sectores siniestros, es como admitir que estamos dominados por criminales, lo que no sólo derrumba la institucionalidad, sino la disolución del Estado.
Esto viene pasando desde que el liderazgo en barrios, campos y ciudades fue sustituido por adinerados, sin importar procedencia de su dinero, individuos con capacidad de comprar procesos electorales, incluso, procesos internos de los partidos, como lo vimos durante el desorden electoral de Abinader y su partido de narcotraficantes en 2024.
Por eso, el desfile hacia Los Estados Unidos de dirigentes de ese entramado mafioso y funcionarios del gobierno, pero fue cómo vencieron al Estado en 2020, para controlar sus instituciones, ante la indiferencia del ciudadano, como si desconociera el resultado final de ese accionar.
La alta inversión en campaña y la complicidad de la JCE para fiscalizar y controlar a estas organizaciones da como resultados que regidores, alcaldes, diputados, senadores y el Poder Ejecutivo los financian el narcotráfico y el crimen organizado.
Es un mal de toda América Latina, según analistas, organizaciones de la sociedad civil y medios de investigación, preocupados de que estructuras mafiosas influyan en las elecciones, representando una seria amenaza para la salud democrática.
La fragilidad institucional, otro terreno fértil para que el crimen organizado alcance sus propósitos, donde existen controles laxos, fondos de campañas sin fiscalización y partidos con estructuras corruptas. Este encuentra tres beneficios estratégicos: 1) Protección judicial y política, al influir en quienes toman decisiones claves. 2) Acceso a contratos públicos, que le facilita lavar sus capitales, y 3) Colocar fichas propias dentro del aparato estatal como está pasando hoy día.
La política dejó de ser un servicio público y convertida en vía de enriquecimiento ilícito y la preservación de actividades criminales. Así el narcotráfico penetró la política dominicana; con un apoyo económico, disfrazado de empresas (fachadas) o donaciones indirectas, permitiendo que candidatos, en ocasiones sin saberlo o de manera deliberada queden comprometidos y este ya electo, le garantiza impunidad, debilitando el Estado.
Controlan la agenda legislativa, las políticas públicas e incluso, las prioridades de seguridad. En La República Dominicana, voces del ámbito académico, judicial y de la prensa investigativa, han señalado durante años la existencia de patrones preocupantes, por vínculos de ciertos actores políticos con estas redes, casos judiciales de alto perfil, operaciones de lavado a través de empresas y licitaciones, detenciones de figuras públicas relacionadas con cárteles internacionales.
Aunque cada caso requiere prueba judicial para establecer culpabilidad, tantos señalamientos públicos alimentan la percepción de que el narcotráfico no sólo infiltra comunidades y economías locales, sino espacios de representación política, erosionando la confianza del electorado e ilegitimando la democrática, independientemente de quién resulte finalmente culpable o inocente.
La democracia no se pierde de un día para otro; suele deteriorarse lentamente, hasta que el poder público deja de servir al interés ciudadano y sólo responde a sus patrocinadores. Es imperativo reformas urgentes para blindar la democracia, con transparencia total y obligatoria del financiamiento político.
Eliminar el dinero en efectivo durante las campañas, donde todo aporte tenga que realizarse a través de transferencias bancarias, la infiltración del narcotráfico en la política no es inevitable; pero demanda de una batalla institucional, que con estas reformas propuestas evitaría terminen de convertir al país en un narcoestado, si es que todavía hay tiempo para impedir eso.
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