Por Roberto Lugo.-
SANTO DOMINGO, Distrito Nacional, República Dominicana.- En medio del dolor que atraviesa el pueblo dominicano - y pido disculpas a quienes consideren este momento inoportuno - es crucial actuar con rapidez para que este caso no quede en el olvido. Tanto el dueño de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat ( antiguo socio de Baninter), como las autoridades que lo protegieron pese a las evidentes fallas estructurales, deben enfrentar inmediatamente la acción de la justicia.
El Estado debe tomar medidas ejemplarizantes: expropiar el terreno donde se ubicaba la discoteca Jet Set y convertirlo en un memorial en honor a las víctimas, similar al del 9/11 en Nueva York. Este espacio serviría como lugar de duelo y reflexión permanente sobre las consecuencias de la negligencia y la corrupción. Un monumento con los nombres de las víctimas, acompañado de un centro educativo que documente lo ocurrido, enviaría un mensaje claro: nunca más se permitirá que intereses particulares pongan en riesgo vidas humanas.
Propiedades de Antonio Espaillat en EE.UU.
Mientras en República Dominicana se investiga su responsabilidad en la tragedia del Jet Set, Espaillat ha consolidado un imperio empresarial en Estados Unidos. Es principal accionista del Radio Hotel, un lujoso complejo boutique de 23 pisos en Washington Heights (Manhattan), inaugurado en 2022 con una inversión de $300 millones de dólares. Paradójicamente no quiso invertir unos miles de dólares en la seguridad de Jet Set.
Si existen pruebas de que Espaillat fue advertido por ingenieros y autoridades sobre los riesgos estructurales del Jet Set y aún así no actuó, enfrentaría serias consecuencias, perfectamente puede ser acusado de HOMICIDIO INVOLUNTARIO (Art. 319 CP) por las muertes y lesiones no intencionales (Art. 310 CP) por los heridos.
Incumplimiento de normas de seguridad (Art. 265 CP) por ignorar advertencias.
A estos ricos codiciosos hay que darle donde mas le duele, en sus bolsillos y las familias afectadas podrían demandar indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios (Art. 1382 Código Civil).
También está la Responsabilidad de las Autoridades. Si hay funcionarios que otorgaron permisos irregulares o ignoraron las denuncias, deberían ser investigados por prevaricación o negligencia administrativa.
Entiendo y lamentablemente en medio del dolor, que las familias deben unirse y realizar acciones claves como:
- Recopilar informes técnicos, testimonios y documentos oficiales que prueben las advertencias ignoradas.
- Presentar denuncias formales ante la Fiscalía y contratar abogados especializados en derecho civil.
- Exigir transparencia en las investigaciones para evitar la impunidad y evitar que el tema sea aprovechado por los partidos políticos.
Este caso podría sentar un precedente histórico si se logra justicia para las víctimas y su memorial permanente sirve como recordatorio de que la negligencia y la corrupción tienen consecuencias. Mientras tanto, las propiedades de Espaillat en EE.UU. siguen operando, evidenciando la disparidad entre su éxito empresarial internacional y las sombras que persisten en su gestión en República Dominicana.Todas las r
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